El actual debate legislativo sobre la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) marca un punto de inflexión para la gestión de permisos en Chile. Este proyecto, que aún se encuentra en trámite, busca reducir los tiempos de tramitación entre un 30% y 70% (Emol, 2025; Ministerio de Economía, 2025) y aborda el impacto económico de la permisología, estimado en un 7,3% del PIB nacional (CEP, 2024). La reforma es urgente y necesaria para destrabar inversiones clave.

Uno de los avances más relevantes es la digitalización y la ventanilla única (artículo 28 y plataforma SUPER), que prometen una mayor trazabilidad y reducción de redundancias. La introducción del silencio administrativo es positiva, siempre y cuando se resguarde la evaluación al menos de procesos criticos como el manejo de residuos peligrosos o las autorizaciones de industrias complejas. La revisión técnica debe ser rigurosa, y las autoridades sectoriales deben asignar recursos suficientes bajo un enfoque de costo-eficiencia, de manera de garantizar que al menos todos los permisos criticos no corren riesgo de caer en silencio administrativo. Con todo, esta alternativa requiere de un procedimiento administrativo formal para su ejecución. 

Destaco que el proyecto prohíbe a los servicios sectoriales exigir autorizaciones ambientales previas (artículo 4), lo que agiliza la tramitación y evita rechazos tempranos antes de una evaluación técnica del permiso. A su vez, el análisis de admisibilidad (artículo 15) es clave para asegurar que los titulares preparen expedientes de calidad desde el inicio, mientras que el artículo 28 introduce la tan necesaria unificación y estandarización de criterios en los antecedentes requeridos, aportando transparencia y coherencia entre servicios.

No obstante, persisten desafíos. El artículo 22 C es contradictorio con el artículo 4, pues permite detener la tramitación sectorial por requerimientos de otras autoridades, lo que podría generar conflictos y duplicidades especialmente en proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y permisos sectoriales, afectando los tiempos y la certeza jurídica. Asimismo, se mantienen vacíos normativos en áreas no reguladas por el DS 1/1989 MINSAL, como centros de transferencia de residuos peligrosos, que requieren pronta definición.

En síntesis, la LMAS representa un avance estructural para la modernización del Estado, pero su éxito dependerá de una implementación inteligente que resguarde la eficiencia sin sacrificar la evaluación ambiental y técnica de los proyectos más complejos.

En Force Consulting acompañamos a empresas y titulares de proyectos a enfrentar estos desafíos, optimizando los tiempos de obtención de permisos sectoriales y ambientales, asegurando cumplimiento normativo y anticipando el impacto de los cambios legislativos.